La “W” no solo aparecía en los panes de cocaína que caían del cielo en la zona de Anta y Metán, en Salta, sino también en los secuestros de droga en operativos en el conurbano, Córdoba y Rosario. Además, la “W” figuraba en la agenda del expresidente del Concejo Deliberante de Salvador Mazza, Alejandro Maurín, condenado a 14 años de prisión en septiembre de 2018.

Fiscales federales de Salta no tienen dudas de que esa letra es la marca que corresponde a Wilson Maldonado Balderrama, un empresario boliviano que está acusado de ser uno de los proveedores de cocaína más grandes de la región y que carga con un pedido de captura desde el 30 de marzo de 2016 y una solicitud de extradición que llegó a Bolivia el 16 de junio de ese año.

Según informaron fuentes judiciales a LA NACION, el juez federal de Salta Julio Bavio recibió ayer la comunicación oficial de parte de la oficina de Interpol en Santa Cruz de la Sierra. Ahora, la Argentina deberá iniciar, a través de la Cancillería, los trámites de extradición de este hombre que está acusado de ser uno de los proveedores de cocaína más grandes de Bolivia, con contactos estrechos en la Argentina desde la década del ’90.

Chicanas legales

La notificación de la detención de este “magnate” de la cocaína sorprendió a las autoridades argentinas porque Bolivia, históricamente, no era partidaria de autorizar las extradiciones de sus conciudadanos involucrados en el narcotráfico transnacional.

Esta postura no solo había quedado expuesta con Balderrama sino también con otro proveedor de cocaína, como es el caso del empresario del transporte José Luis Sejas Rosale. Cuando la Argentina pidió su extradición por 11 causas en su contra, los fiscales de Santa Cruz de la Sierra le iniciaron un proceso por lavado de activos a nivel local.

Con Balderrama ocurrió lo mismo: cuando la Argentina pidió que fuera enviado a Salta para juzgarlo, las autoridades bolivianas lo detuvieron por lavado de activos. En la Justicia federal argentina se interpretó que eso era una forma de bloquear la extradición de estos “peces gordos” del narcotráfico.

Trece días después de que Interpol pusiera a Maldonado Balderrama con el sello rojo en la lista de los prófugos más requeridos en 2016, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico de Bolivia detuvo a este empresario de 63 años, oriundo de Villa Montes, Tarija.

Chichín, como lo llaman en Bolivia, fue detenido en aquel momento en la casa de su madre, en el barrio de Los Chacos. Las fuerzas de seguridad allanaron siete propiedades de Balderrama valuadas, según la fiscalía de Tarija, en 2.700.000 de dólares.

Historial criminal

Maldonado Balderrama tiene un largo prontuario en la Argentina, desde que fue detenido en Buenos Aires con 27 kilos de cocaína, en 1993. Su caso es recordado por los abogados penalistas porque marcó a fuego la jurisprudencia, con la causa 24/93 “Maldonado Balderrama, Wilson y otros s/ inf. ley 23.737”. La Corte Suprema de la Nación terminó por absolverlo cinco años después del procesamiento por deficiencias en la instrucción.

A este hombre vinculado al negocio del combustible y la madera, así como también a los caballos y al tráfico de cocaína, la Justicia boliviana le abrió una causa por “legitimación de ganancias” (lavado de dinero) para determinar si los bienes que se le secuestraron fueron originados con actividades ilegales, entre ellas, el narcotráfico.

El otro ejemplo casi idéntico al de Maldonado Balderrama es el del empresario Sejas Rosales. Ambos comparten haber sido también favorecidos por la Justicia argentina en tiempos en que el juzgado federal de Orán estaba a cargo de Raúl Reynoso, condenado en marzo de 2019 a 13 años de prisión.

Balderrama está involucrado en la causa conocida como Febrero Blanco. Es en ese expediente en el que fue sentenciado a 14 años de prisión el expresidente del Concejo Deliberante de Salvador Mazza Alejandro Maurín.

En el juicio fue clave el testimonio del gendarme Mario Benítez, que contó que en la casa de un acusado habían secuestrado tres celulares -uno de ellos, satelital- y documentación de una avioneta boliviana en la que aparentemente transportaban la droga desde el vecino país y que les proveía Maldonado Balderrama.

Ese testimonio reforzó los argumentos del fiscal Carlos Amad, en cuanto a que eran de este hombre los cargamentos de cocaína con el sello de la “W” ingresados desde Bolivia en vuelos clandestinos y arrojados en el departamento Anta, particularmente en la finca Los Rosales, donde la droga era acondicionada para luego ser distribuida en grandes centros urbanos del país.

En mayo de 2019 fue detenido en Santa Cruz de la Sierra otro eslabón clave de esta organización: el exconcejal del Frente Grande

Balderrama es contratista del Estado en varios rubros en Santa Cruz de la Sierra y Tarija. Su fuerte es la comercialización de combustible, a través de Coseca SRL, pero también posee firmas dedicadas a la obra pública, como la compañía Maldonado y la Asociación Accidental Carapari, con las que obtuvo licitaciones, a pesar del pedido de extradición en su contra. A la par, es fundador del club hípico de Villa Montes, donde Maurín, además de ser concejal, es veterinario. Lo conoció por su hobby: los caballos de carrera.

FUENTE:  LA NACIÓN.COM.AR