El ministro de Infraestructura, a cargo de la Coordinación de Enlace y Relaciones Políticas, Sergio Camacho, indicó que Salta se destaca desde el inicio de su gestión (diciembre de 2019) por su austeridad, por haber mantenido el equilibrio fiscal, haber cumplido con el pago de las deudas (más de 124 millones de dólares) y por haber mantenido los salarios públicos por arriba de la inflación.

El paquete contiene medidas de tipo legislativo y otras que tienen directa relación con la administración provincial. Entre las primeras se encuentran el próximo envío a la Legislatura provincial de los proyectos para la prórroga del Presupuesto 2023, la prórroga de la Emergencia Económica y la prórroga de la Emergencia Sociosanitaria en los departamentos San Martín, Orán y Rivadavia. Otro proyecto está vinculado con la creación del Consejo Provincial del Salario.

Las medidas que de manera inmediata tomará el Gobierno provincial son:

• Constitución de una unidad de revisión de contratos con el objetivo de que las contrataciones realizadas en moneda extranjera puedan ser renegociadas en moneda nacional.
• Congelamiento inmediato de vacantes y contrataciones personales.
• Promoción de políticas de retiros voluntarios y jubilaciones.
• Suspensión de las asistencias financieras a los municipios, salvo los casos que estén debidamente justificados y que sea imprescindible llevar adelante para el mantenimiento de los municipios.
• Efectivización del control de gastos y se restringirá todo lo que tenga que ver con viáticos, viajes y gastos protocolares.
• Suspensión de la adquisición de bienes de uso por el plazo de seis meses.
• Congelamiento de la pauta publicitaria por el plazo de seis meses.
• Disponer por el plazo de 180 días el congelamiento de las remuneraciones correspondientes a todos los funcionarios del Poder Ejecutivo Provincial, incluyendo organismos descentralizados y autárquicos, entes reguladores y sociedades del Estado; como así también a las personas designadas en agrupamiento político.
• Suspensión de las licitaciones para la ejecución de obras públicas durante seis meses. Los alrededor de 200 proyectos que están en marcha tendrán prosecución hasta su finalización y continuarán los vinculados con el mantenimiento de la infraestructura y de servicios.

Asimismo, se invita al Poder Legislativo, Corte de Justicia, Colegio del Ministerio Público y Colegio de Auditores Generales, a optar procedimientos análogos a lo descripto precedentemente.

Camacho remarcó que “no está en discusión la defensa de los derechos de los salteños” por parte del gobernador Sáenz en cualquier ámbito y escenario, ante la posibilidad de que se cercenen los derechos de la Provincia reconocidos por las Constituciones de Nación y de la Provincia. “No hay ninguna duda de que ahí estarán presentes el Gobernador y el Gobierno defendiendo a cada uno de los salteños”, afirmó.