Un tembladeral: la noticia provocó el escándalo y el desbande en medio de acusaciones y desmentidas que hasta el momento dejan un final abierto y con consecuencias insospechadas en el entorno partidario salteño. Decenas de concejales de distintos partidos que corresponden a más de la mitad de los municipios salteños, gestionaron y hasta habrían llegado a cobrar el ingreso familiar de emergencia (IFE) que el Gobierno nacional destinó a las personas en grave situación económica como consecuencia de la pandemia.
La información salió a la luz a partir del cruce de datos entre los números de documentos de los beneficiarios y el registro de Anses. La investigación se dio a conocer a través de FM Noticias, medio que difundió el listado de los ediles que habrían gestionaron la ayuda, pese a que expresamente la clase política había sido exceptuada.
No obstante, el listado deja ver que algunos trámites fueron rechazados, aunque en otros, el sistema advierte que el pago del segundo aporte “está listo para hacerse efectivo al beneficiario”. En la línea de investigación periodística se señala también que en muchos casos los sueldos de los ediles no estarían registrados y, por lo tanto, los sistemas de AFIP y Anses no detectaron ninguna irregularidad al momento de aprobar la ayuda. Sea como fuere, el escándalo se sostiene en la acción consciente y voluntaria de los concejales que intentaron acceder al beneficio (10 mil pesos) aún sabiendo que no les correspondía.

El escándalo, en magnitud, resulta la secuela del caso que también conmovió e indignó a la opinión pública con el concejal de Guachipas que a la vista de todos los vecinos fue a cobrar y recibió la ayuda.

 Pertenecen a distintos partidos políticos y ocupan bancas en 32 de los 60 municipios. Entre ellos, figuran un diputado y hasta un intendente. 

El volumen de estas irregularidades podría decantar en una sospecha generalizada y en un verdadero escándalo nacional. El Tribuno, a través de su red de corresponsalías, investigó el impacto y los argumentos de los involucrados que hasta el momento suman 52 ediles de 32 municipios.
Varios concejales del departamento San Martín quedaron en el ojo de esta tormenta y señalados con cobro efectivo de la ayuda. Ellos son Juan Carlos Dávila y Raquel Egüez, ambos pertenecientes al oficialismo de la localidad de Embarcación. También el edil de General Ballivián Raúl Correa, del Partido de la Victoria.
Quienes tuvieron menos suerte, ya que el trámite les fue rechazado, serían los concejales de Salvador Mazza Claudia Subelza (comerciante de frontera), María Valdiviezo (planta permanente) y el docente de educación física de la bancada opositora Raúl Arroyo.

Piden explicaciones en el CD

Mauricio Makar, presidente del Concejo de Embarcación, consultado por la situación de los dos ediles explicó: “Apenas tomé conocimiento del tema, los llamé a ambos y me dijeron que van a demostrar que no se inscribieron y que tampoco cobraron el IFE”.
“En el caso de la concejal, me dijo que su abogado pedirá una retractación. Todos los que vivimos aquí esperamos esa aclaración porque si así fuera sería una situación muy delicada”, consideró Makar.

Concejales con IFE: “Vergonzante y sin ningún justificativo”

Juan Carlos Alcoba exintendente y presidente del partido comunal, en diálogo con El Tribuno consideró el hecho como “vergonzante y sin ningún justificativo. Apenas tomamos conocimiento que había dos concejales de nuestro partido que se los mencionaba como que habían cobrado esa ayuda social nos comunicamos con ellos. Efectivamente el presidente del cuerpo aceptó haberse inscripto, aunque el beneficio no le salió porque el sistema lo rechazó y por tanto no pudo cobrarlo. La explicación fue que él quería probar cómo funcionaba el sistema porque mucha gente le había pedido que le realice la inscripción. Según Aleman si le salía el beneficio lo iba a devolver, algo que a mí como presidente del partido no me resulta para nada creíble”.
Alcoba precisó que “en el caso de la concejal Ordóñez se justificó diciendo que ella se anotó porque una amiga de escasos recursos estaba cansada de inscribirse y siempre era rechazada. Que como ella tuvo mejor suerte que Aleman, una vez que le salió el beneficio fue al banco con la amiga, lo cobró y se lo entregó. Pero la explicación de ninguna manera resulta convincente”.
Alcoba consideró que “es una gran desilusión para nosotros como agrupación política, porque no hay forma de justificar estas acciones, más allá que es increíble que una concejal que cobra su dieta, salga beneficiada, lo que habla a las claras que hay fallas en el sistema. Hasta el momento no hemos determinado qué decisión vamos a tomar con estos dos concejales, pero seguramente correspondería exigirles que renuncien al cargo de presidente o que al menos no formen más parte de las filas de Adeco”, expresó Alcoba visiblemente molesto. 

Cari sigue

En el Valle de Lerma varios concejales figuran en los trámites ante la Anses para obtener el IFE. El cuestionado concejal Héctor Cari, de Guachipas, imputado por un fiscal por haber cobrado de forma indebida los 10 mil pesos siendo funcionario municipal, aún figura en la lista de beneficiarios. El edil de El Carril Luis Carlos Coronel también está en la nómina de beneficiarios, y el concejal Walter Alberto Raposo, de Chicoana, que aparentemente realizó los trámites pero fue rechazado.
Para Coronel, que no se sabe si cobró el primer IFE, figura en la pantalla de la Anses que “el dinero fue depositado en la CBU que indicaste al momento de elegir el medio de cobro. Podrás retirarlo en cajeros automáticos según las condiciones de tu banco”. El concejal no emitió opinión al respecto.
En Chicoana, Raposo deslinda responsabilidades negando haber intentado realizar el trámite para obtener este beneficio. En la pagina de Anses sale que “la solicitud fue rechazada”.
En tanto Marcos Leonardo Rosas, concejal de La Cámpora, de Rosario de Lerma, figura con trámite rechazado.

FUENTE EL TRIBUNO DE SALTA