Durante el encuentro, Castillo y Cornejo intercambiaron información sobre leyes nacionales y provinciales referidas a la problemática, las necesarias capacitaciones sobre la temática, destinadas a fiscales y mediadores, y el canal de generación de políticas públicas a través de la Mesa, que atenderá conflictos urbanos, campesinos y con comunidades originarias.

Castillo explicó que, en definitiva, ello implicará el cumplimiento de la Ley 26160 (que declara la emergencia territorial de las comunidades indígenas originarias del país; suspende la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras que ocupen las mismas y ordena realizar un relevamiento técnico, jurídico y catastral de las Comunidades Indígenas), y de la Ley 27118 (que declara de interés público la agricultura familiar, campesina e indígena por su contribución a la seguridad y soberanía alimentaria del pueblo, por practicar y promover sistemas de vida y de producción que preservan la biodiversidad y procesos sostenibles de transformación productiva y que crea el Régimen de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar).

Consideró que ambas leyes pusieron sobre la mesa la situación de emergencia en materia de propiedad y posesión, tanto de pueblos indígenas como criollos y que la cartera nacional que representa, sostiene que “es a partir del diálogo y del encuentro con las instituciones, los pueblos, comunidades y posibles titulares registrales en conflicto, que deben generarse los acuerdos”.

Y agregó que el plexo normativo nacional y provincial, referido a desalojos, tiene un marco internacional que implica la Declaración de Naciones Unidas y el Convenio 169; porque se relacionan con los derechos a la identidad cultural; al territorio y a la consulta previa, libre e informada; entre otros. Por caso, en Salta rige la ley que prohíbe el desalojo a familias campesinas y establece un ordenamiento territorial. Sin embargo, afirmó Castillo “esas leyes se desconocen o tergiversan”, lo cual invita a generar ámbitos de capacitación y profundización de los derechos, para luego elaborar un Protocolo de actuación que evite los desalojos, ya que muchas veces “constituyen violaciones de los derechos”, finalizó la funcionaria nacional.

FUENTE: MINISTERIO PÚBLICO FISCAL SALTA